El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al ex capitán del Destacamento de Inteligencia N°142 del Ejército, Carlos Alberto Vega, tras hallarlo partícipe necesario de la sustracción, retención, ocultamiento y alteración de identidad de los hermanos Marcos Eduardo Ramos (nieto recuperado N° 128) y Elías Ismael Suleimán. Los jueces consideraron que los hechos, perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, constituyen crímenes de lesa humanidad. La pena fijada será monitoreada mediante un dispositivo electrónico, mientras que los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 26 de agosto.
El caso se remonta a diciembre de 1976, cuando Marcos (de apenas cinco meses) y Elías (de ocho años) fueron secuestrados en San Miguel de Tucumán por personal militar, pocos días después de la desaparición de su madre, Rosario del Carmen Ramos. Tras el operativo, ambos niños fueron trasladados a Tafí Viejo y posteriormente separados. Mientras Elías logró escapar a los ocho años y reencontrarse con su familia tras sufrir graves maltratos, Marcos fue entregado al agente de inteligencia civil Víctor Lucio Sánchez, quien lo inscribió falsamente como su hijo biológico bajo otra identidad.
Durante el desarrollo del proceso judicial, en el que Abuelas de Plaza de Mayo intervino como querellante, se acreditó que el rol de Vega dentro de la estructura de inteligencia militar resultó clave para concretar el delito. Marcos logró restituir su identidad materna en agosto de 2018 gracias a los análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que en junio de este año los estudios confirmaron con un 99,99% de compatibilidad la filiación de su padre, Pastor Dante Campos, también víctima de desaparición forced.
Además de la condena penal al único imputado con vida, el tribunal dispuso avanzar en una reparación integral para las víctimas, que incluye garantizar la continuidad de sus tratamientos psicológicos y la aplicación de las leyes reparatorias vigentes. En la resolución, las magistradas y el magistrado subrayaron que la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado representa una obligación permanente del Estado argentino.