El jefe de Gobierno porteño blanqueó sus intenciones de seguir cuatro años más en el cargo. En sintonía con la Casa Rosada, limitó por decreto el derecho a paro en el transporte y la recolección de residuos para disputarle el electorado a La Libertad Avanza.
En un movimiento político clave para el futuro de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó públicamente su intención de competir por la reelección. El anuncio llega en un contexto de fuerte necesidad de marcar territorio propio ante la posibilidad latente de que sus socios de La Libertad Avanza (LLA) decidan romper la alianza local y disputarle la jefatura en las urnas.
«Deseo tener cuatro años más de gestión. Los planes que estamos llevando adelante y la planificación estratégica, desde el subte a toda una transformación muy grande de movilidad de la ciudad, tienen que dar un salto cualitativo grande», afirmó el mandatario.
Para respaldar este «blanqueo» electoral, Macri decidió acelerar a fondo con una agenda de fuerte sesgo punitivista y desregulador. Su principal carta fue la firma de un decreto de necesidad que restringe de forma directa el derecho a huelga de sectores gremiales clave, una medida que sigue los lineamientos de la reforma laboral del MegaDNU de Javier Milei.
Transporte y basura: los servicios bajo la lupa del «anti-paro»
El nuevo decreto establece que los sindicatos de los servicios de transporte de pasajeros (colectivos, subtes y Premetro) y de recolección de basura deberán garantizar guardias mínimas estrictas para, según comunicó el Gobierno de la Ciudad, «neutralizar el impacto de los paros».
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Recolección de residuos: Fue catalogada directamente como un «servicio esencial», lo que obliga a las empresas prestatarias a asegurar una cobertura mínima del 75% de su funcionamiento operativo durante las jornadas de protesta.
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Transporte público: Se le asignó el estatus de actividad de «importancia trascendental». Los colectivos que circulan exclusivamente por territorio porteño, así como cada línea de subte de forma individual, deberán garantizar al menos el 50% de la prestación del servicio.
A través de sus redes sociales, Jorge Macri adoptó una narrativa confrontativa con el sindicalismo para defender la medida: «Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad».
La carrera por la agenda de la derecha
La jugada del jefe de Gobierno no es un hecho aislado. En los últimos días ha endurecido su discurso y su gestión institucional para evitar que los votantes del PRO se inclinen hacia posturas libertarias.
Bajo esa premisa, el oficialismo porteño logró la aprobación parlamentaria para endurecer las penas contra los cuidacoches (conocidos como «trapitos»), un histórico reclamo vecinal que Macri definió como «situaciones violentas que muchas veces escalaban a la inseguridad». Asimismo, se alineó con el ministro de Desregulación nacional, Federico Sturzenegger, al celebrar la flexibilización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), calificando el sistema anterior como «un curro».
En cuanto a la política habitacional y territorial, Macri defendió su agresiva postura de desalojos, que recientemente sufrió un revés judicial por parte del juez Andrés Gallardo. «Los que usurpan son el enemigo», sentenció, al tiempo que ponderó el polémico operativo cerrojo denominado «Muro» contra la circulación con la provincia de Buenos Aires.
El duro diagnóstico socioeconómico de los porteños
Pese al optimismo electoral y al endurecimiento de su perfil político, Jorge Macri no esquivó la crisis económica que golpea a los habitantes de la Capital Federal. En sus declaraciones, el mandatario reconoció un panorama social complejo: «Cuatro de cada diez personas en la ciudad de Buenos Aires tienen deudas», advirtió.
Por último, admitió que el panorama de la vulnerabilidad social es visible a simple vista, confirmando un aumento significativo en la cantidad de personas en situación de calle durante el horario diurno, aunque matizó el impacto nocturno asegurando que la cifra de quienes pasan la noche a la intemperie (y se niegan a asistir a los paradores gubernamentales) se mantiene estable entre las 1.600 y 2.000 personas.