En medio del paro nacional docente convocado por CTERA, creció la tensión entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires luego de que la gestión de Axel Kicillof rechazara las inspecciones impulsadas por la Secretaría de Trabajo para relevar el cumplimiento del servicio mínimo en las escuelas.
El gobierno bonaerense comunicó a sus autoridades educativas que no deberán brindar información a los inspectores enviados por Nación, al considerar que se trata de una intromisión sobre las competencias provinciales.
Desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, advirtieron que impedir los controles podría ser considerado una obstrucción a la autoridad y habilitar la apertura de actas y posibles sanciones.
La medida nacional busca verificar el cumplimiento de los llamados «pisos de prestación mínima» establecidos tras la declaración de la educación como servicio esencial, una normativa que obliga a garantizar un nivel básico de funcionamiento durante las medidas de fuerza.
Según explicaron desde el Gobierno, las eventuales sanciones no recaerían sobre los docentes que adhieran al paro, sino sobre los sindicatos responsables de la convocatoria. En caso de incumplimientos reiterados, la normativa contempla sanciones que podrían llegar incluso a afectar la personería gremial.
Desde la Provincia, en cambio, sostienen que la Nación no tiene facultades para fiscalizar ni sancionar sobre establecimientos educativos provinciales sin el correspondiente marco legal, y calificaron la medida como un avance sobre la autonomía bonaerense.
El conflicto ahora queda en manos de las autoridades nacionales y provinciales, mientras continúa la discusión por el alcance de las inspecciones y el cumplimiento de los servicios mínimos durante los paros docentes.